Economía

Hipotecas y la inconstitucionalidad del decreto Ley

El gobierno encarece las hipotecas

Estas últimas semanas, el impuesto sobre los actos jurídicos documentados (AJD) ha estado en boca de todos. Desde jueces hasta ministros, pasando por la tertulia de los bares, ha sido la comidilla en nuestro país. Y es que no es para menos, porque su impacto sobre las hipotecas cambiará radicalmente el mercado en un futuro próximo.

Cabe recordar que este tributo es lo que en literatura se conoce como un arcaísmo. Hace años, finales de la dictadura y comienzos de las transición, la inexistencia de los procesos automáticos y de ordenadores como los conocemos hoy en día requerían otros formalismos documentales.

Los menos recordarán los papeles timbrados, y a otros tantos les sonará aquello del timbre. En desuso salvo por mera exquisitez formal para el alquiler o la firma de hipotecas. Y esto es lo que ocurre con el impuesto de actos jurídicos documentados.

Si bien, el AJD data del primer mandato del PSOE, con Felipe González como presidente de Gobierno. Y en aquel momento tenía sentido, claro; pero tras dos periodos populares y otros tantos socialistas, este ‘arcaísmo’ se mantuvo por lo que aportaba a las arcas del Estado.

Hablamos de un ingreso recurrente al venir de uno de los mercados más importantes en nuestro país, las hipotecas, en las últimas décadas. Claro que, al estar ‘camuflado’, tampoco generaba mayores inconvenientes populares al gobierno de turno.

Demagogia electoral

Un tributo que, contrario a las declaraciones de Pedro Sánchez, ha sido revisado al alza en los últimos mes. Hecho que se ha producido en territorios gobernado por la izquierda (Podemos y PSOE). El mejor ejemplo es Zaragoza, para regocijo de las hipócritas palabras de Echenique.

Y es aquí donde todo se vuelve difuso. Con las elecciones autonómicas andaluzas a la vuelta de la esquina, y con un gobierno sumergido en campaña perenne, necesita de noticias de calado para copar portadas. Ese miedo al olvido es el que nos ha llevado a la incertidumbre y al encarecimiento de las hipotecas.

Es cierto que el Tribunal Supremo no ayudó mucho con sus contradicciones; tampoco midió bien el impacto hasta que la bolsa dio un aviso. Es cierto que una institución de tal magnitud debería prever ciertas cosas. También lo es que deben regirse por la ley, aunque de forma consensuada. En especial con el lío catalán a la vuelta de la esquina.

Y es aquí, en esa estrategia sanchista que ya hemos comentado otras veces, dónde Pedro Sánchez encuentra ese filón para erigirse como ‘el hombre del pueblo’. ¿Cómo? con un decreto ley que contradice al Tribunal Supremo. Esto ha generado dos problemas de calado: difuminación en la brecha entre poderes y la merma de confianza en la institución para conflictos venideros. Elección de la Sala 2 mediante.

Deslegitimación del Tribunal Supremo

Comenzando por el conflicto catalán, la negociación entre PP-PSOE dejó a todos como “ganadores”; pero el comunicado de Marchena les obliga a juntarse otra vez. La idea del gobierno era ‘debilitar’ la sentencia apartando al magistrado. La del PP, aún no está muy bien detallada.

Este hecho engancha con la difusa brecha entre poderes. A Pedro Sánchez no se le caen los anillos a la hora de gobernar a golpe de decreto ley. Se lo afeó a Rajoy; pero no recuerdo que esta fórmula se usara con un fin tan en exceso partidista y demagogo.

Y es que más de veinte años después, y con una crisis de hipotecas que sufrimos hace diez años, poner patas arriba un crédito que ya está por encima de la media europea se torna absurdo. Incluso para la estrategia de márketing del sanchismo.

Alguno habrá que crea en esa buena voluntad que Sánchez predica de la banca. Sea como fuere, para una vez que esta no actúa fuera de la ley, más allá de que nos parezca bien o mal, acabamos pagándolo todos. Todos menos Nadia Calviño, Pedro Duque, Màxim Huerta y otros pocos.

Inconstitucionalidad del decreto ley de las hipotecas

La premisa para poner en marcha un decreto ley es la urgencia, amén de la necesidad. Debe estar promovido por una inclemencia a resolver que, de otra manera, no sería posible. Asimismo, tampoco debe chocar con resoluciones judiciales o con dictámenes de la Unión Europea.

Sabido esto, la urgencia por cambiar el sujeto pasivo en un impuesto con más de veinte años de vida, y con dos gobiernos socialistas a la espalda, no parece que lo justifique. En especial, cuando en ciertas Comunidades Autónomas se ha subido este mismo en los últimos meses.

Con la Ley en la mano, no tiene cabida. Veremos si alguien lo persigue, que eso es harina de otro costal. Lo más sensato sería suprimir este arcaísmo; pero con las expectativas recaudatorias de Pedro Sánchez no es una alternativa válida. De haberlo dejado como estaba, no hubiera ocurrido nada.

Al final, lo que pretende ser un gesto de cara a la galería, acaba por aumentar el precio de las hipotecas en el mercado. Y es este donde acaba pagando los platos rotos el eslabón de la cadena con menos poder de negociación. Todo al revés; pero al menos da pie a explicar eso de la negociación en la Economía.

No hay mal que por bien no venga.

Juan Pedro de Frutos
Periodista digital en Madrid

 

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